1.- Ante la noticia de la coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Policía de Tránsito para la atención de personas investigadas por el delito de Conducción Temeraria, interesa recordar lo siguiente. 2-En la gran mayoría de los casos, la identificación de las personas investigadas por un proceso penal, incluidos obviamente aquellos donde se investiga el delito de Conducción Temeraria, implica la reseña de a quienes se investiga y la puesta a la orden de la autoridad jurisdiccional competente, esto último por imperativo constitucional, convencional y legal. Se trata de una práctica que no es nueva. La privación de libertad de cualquier ciudadano por parte de cualquier autoridad debe justificarse debidamente y de manera pronta ante la autoridad jurisdiccional. 3.- La Jurisdicción de Flagrancia, que tiene diez años de creada, cuenta actualmente con capacidad instalada en la mayor parte del país, para atender de forma expedita, no solamente los casos de Conducción Temeraria, sino aquellos que no requieran mayor investigación conforme lo prevén los numerales 236 y 422 del Código Procesal Penal y cumple un horario de atención que cubre en muchas jurisdicciones el período de cierre colectivo de fin y principio de año decretadas por el Poder Judicial. 4.- El plazo de quince días hábiles impuesto por la ley para la realización de la audiencia de Flagrancia y eventual inicio de debate o solución jurídica definitiva de la situación jurídica de las personas investigadas mediante este procedimiento, asegura el principio constitucional, convencional y legal de Tutela Judicial Efectiva, Justicia Pronta y Cumplida. 5.- Por lo tanto este Consejo hace votos para que a la hora de decidir cuál vía escoge el Ministerio Público (sea ordinaria o de flagrancia), frente a un caso que no requiera mayor investigación, como las conducciones temerarias por ejemplo, y muchos otros delitos, según estemos en presencia de los presupuestos descritos en los numerales 236 y 422 del Código Procesal Pena, se prefiera la sede de Flagrancia, en el tanto es la mejor forma de aprovechar los recursos públicos asignados a dicha jurisdicción, es la que garantiza una resolución pronta de los casos, la que evita saturar aún más la jurisdicción ordinaria y la que tutela de forma expedita los derechos, tanto de las personas investigadas (a obtener una resolución pronta de su situación jurídica), como de las víctimas (a obtener respuesta oportuna de la Administración de Justicia). Esto en modo alguno riñe con la práctica de la identificación y reseña de la persona investigada. 6-Reiteramos el derecho que tienen, tanto las personas investigadas a obtener pronta solución a su situación jurídica en casos donde no se requiere mayor investigación, derecho que tienen, igualmente, las víctimas a obtener respuesta a sus denuncias en igual supuesto, de manera tal que la decisión que tome el Ministerio Público de optar, en casos que evidentemente sean flagrancia, de tramitarlos en sede ordinaria, si bien es legal, como cualquier acto de una persona funcionaria pública, no puede ser a contrapelo de los derechos de las partes, ni puede ser acto arbitrario, por lo que, tanto una parte como la otra requieren de razones de peso, que deben ser solicitadas y/o exigidas al funcionario público que las adopte. 7-La Jurisdicción de Flagrancia estará a las órdenes de la persona usuaria durante el cierre colectivo, con apertura efectiva, en los lugares que así ha dispuesto el Consejo Superior del Poder Judicial en el Plan de Vacaciones 2018-2019 (Aviso Nº 10-2018 de la Secretaría General de la Corte)

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