Recientemente con la discusión en la Asamblea Legislativa del proyecto “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (Expediente 20.580), donde uno de sus contenidos -la estructura tributaria- ha sido el detonante de la huelga de los grupos sindicales del país, se ha generado una polémica acerca de la posibilidad de germinación de una eminente crisis económica en Costa Rica. Antecedentes: el mes pasado se cumplieron diez años (15 de setiembre del 2008) de la quiebra de la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers, donde con la presentación de la declaratoria formal de quiebra se consolidó la mayor crisis financiera global de este siglo, la cual se denominó la Gran Recesión. También, se cumple una década de la ejecución del Plan Escudo que implementó la Administración Arias Sánchez como una estrategia de protección de los impactos en el crecimiento económico, el empleo, la pobreza y la desigualdad de la crisis global que se iniciaba ese año. Además, esta polémica se nutre del recordatorio que algunos expertos han estado haciendo sobre la crisis de inicios de la década de 1980 que se presentó en Costa Rica, y cuyos primeros síntomas se comenzaron a visualizar desde el año de 1978, a partir del agotamiento en el modelo interno de desarrollo y el cambio en las condiciones económicas a nivel mundial. Pregunta relevante: ¿está el mundo al borde de una nueva crisis económica?: el economista Nouriel Roubini, denominado el Doctor Catástrofe, quién anticipó el inicio de la crisis financiera de 2008, pronostica -en una entrevista virtual de estrategia y negocios.net- que en el 2020 se darán las condiciones necesarias para una nueva crisis financiera, seguida de una nueva recesión económica. Por ello, si afinamos la punta del lápiz contamos con menos de dos años para realizar un blindaje económico, no como un Plan Escudo -como se hizo hace diez años-, sino mediante los cambios y reformas estructurales que consoliden y fortalezcan la economía nacional. Pero como país debemos resolver los desafíos que nos presenta la coyuntura económica actual, donde debemos prioritariamente prestarle atención al binomio del desbalance fiscal y el endeudamiento público, situación que ha llevado al Gobierno de la República a acudir a las Letras del Tesoro, las cuales deberán ser canceladas al Banco Central el próximo 26 de diciembre de este año, dando prueba de la vulnerabilidad financiera de las finanzas públicas del país. Además, estamos en un contexto económico que, a) empuja hacia la tendencia al alza de tasas de interés (no solo nacional sino también a nivel internacional) y del tipo de cambio (como se ha podido constatar en las últimas semanas con el precio de tipo de cambio de referencia en el MONEX), b) con un entorno de leve crecimiento económico (según la estimación del Banco Central se estima que será cercano al 3% del PIB para este año, sin embargo, la semana pasada el Banco Mundial reajustó la estimación para Costa Rica a un 2,6%), c) la presencia de un nivel del crédito con una tasa de colocación baja (cercana al 5%), con los sucesivos efectos -en el corto plazo- de leves aumentos en la inflación (1,01% la acumulada a setiembre de este año y 2,21% la interanual), d) la constancia en el nivel de desempleo (con alta probabilidad de leves aumentos, actualmente cercano al 10%) y e) el poco cambio en el nivel de la pobreza (tanto la extrema como la general) y la desigualdad. En conclusión: como sociedad debemos superar el pesimismo. En la medición que realiza la Escuela de Estadística de la UCR con respecto a los últimos tres meses, en agosto 2018 la confianza del consumidor se ubicó en 34,9, mostrando una caída de 10 puntos en relación con la medición de mayo anterior; y cuando se pregunta por el futuro del país, la percepción futura cayó en 14 puntos. Por lo anterior, es fundamental generar un ambiente de confianza en la economía y para ello se requiere avanzar en las discusiones nacionales relevantes, desde el déficit fiscal hasta la morosidad de las personas por el sobreendeudamiento en tarjetas de crédito (donde un primer paso sería un proceso de regulación mediante una ley específica), así como consolidar los incentivos para generar iniciativas productivas innovadoras y creativas que se constituyan en un pilar fundamental para generar un proceso virtuoso de reactivación económica, de manera que contribuya, en el corto plazo, con la recaudación tributaria y con el blindaje económico ante los choques externos de la economía internacional. Solo de esta forma podremos como sociedad estar mejor preparados, económicamente hablando, para evitar una crisis económica.

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