• Símbolo para ilustrar el riesgo

A partir de octubre las empresas calificadoras (Moodys, Standard & Poors y Fitch) empezarán a visitar el país para realizar diversos análisis. Para estas, es de vital importancia la discusión de la reforma fiscal que está el congreso, siendo que hoy no se tiene claro cuál será su impacto en las finanzas públicas, y en el peor de los casos -dados los acontecimientos recientes-, podría ser retirada de la corriente legislativa. La pregunta es, ¿qué sucederá con las próximas actualizaciones de las calificaciones? Esto va a depender principalmente de dos escenarios: la aprobación o no de la reforma y, del desempeño que se espera de la economía para el 2019. Ante la no aprobación del proyecto de ley, resulta obvio que la caída de las calificaciones de deuda soberana de Costa Rica es inminente y, en alguno de los casos, podría ser hasta de dos escalones. Ahora bien, si se aprobara el expediente 20.580, “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, ¿qué sucedería? Para dar respuesta se debe analizar lo que ha sucedido desde las últimas calificaciones de 2017 y qué impacto tendría el proyecto. Primeramente, es muy claro que ese proyecto es insuficiente para resolver la situación fiscal. Este es un proyecto que podría generar alrededor del 1% del PIB en el corto plazo, pues se ha “diluido” mucho. Si bien puede producir en el largo plazo buenos réditos, la situación de los próximos 12-18 meses es apremiante. Asimismo, existen dudas de la forma y hasta de la posibilidad de implementación, por ejemplo, de la Regla Fiscal. En este particular hay dudas si su aplicación requiere de leyes complementarias que modifiquen destinos específicos constitucionales y legales. Cabe destacar que la Regla -tal como está- podría generar en 10 años alrededor de 8 puntos del PIB. Segundo, debe analizarse que sucederá con la economía en el 2019, pues las calificadoras no se pueden arriesgar a mantener la calificación y que eventualmente en el 2019, suceda que la situación de liquidez se agrave y se caiga en algún tipo de impago. Por tanto, se deben analizar los datos del presupuesto de 2019. Aquí algunos detalles: • Un déficit de casi un 8% del Producto Interno Bruto (PIB). • Deuda por encima del 50% del PIB, cuyos niveles -según distintos estudios- aceleran las posibilidades de caer en impago. • Amortizaciones y pago de intereses que representan del presupuesto más de un 40%. • Incremento del pago de intereses por encima del 50%. A lo anterior hay que sumar la existencia de sectores que (dentro y fuera del país) creen que la devaluación de la moneda es inminente, que el portafolio de los inversionistas se ha dolarizado y, que la deuda pública se ha gestionado a plazos cada vez más cortos dada la incertidumbre de la situación futura. Los datos anteriores generan varias conclusiones. La primera y más clara es que situación fiscal de Costa Rica ha empeorado. Si bien en el 2010 Moodys le dio grado de inversión a Costa Rica, en el 2014 se lo quitó, y para ese entonces la misma empresa expresó que el tamaño del déficit era muy alto para los estándares del país. Por tanto, ¿qué dirá hoy que se estima en casi un 8% del PIB para el 2019? A lo anterior se deben agregar tres detalles. Primero, por un lado, se incrementó la proporción de la cartera en dólares, y por otro, se elevó las captaciones en colones de corto plazo. Segundo, el déficit recurrente eleva constantemente el tamaño de la deuda y la hace cada vez más insostenible. Por último, algunos se preguntan si el mercado local es capaz de financiar el déficit creciente, y la respuesta pareciera ser no, lo cual ha quedado patente dado que los bancos extranjeros han venido comprando bonos locales periódicamente. En resumen, existe poca posibilidad de que las calificaciones actuales se mantengan, lo cual tendría consecuencias negativas para la economía y para el país en su conjunto.

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